Durante demasiado tiempo, los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad Autónoma de Madrid hemos vivido con la creencia, muchas veces fundada, de que determinadas personas e innumerables dirigentes políticos, autonómicos o provinciales, eran absolutamente impunes, que podían actuar libremente sin rendir cuentas ante nadie. Hemos tenido que sufrir comportamientos y actitudes que no respetaban, no ya unos mínimos principios éticos, sino el más básico de los principios de un Estado de Derecho: el principio de legalidad, el imperio de la ley, que implica el sometimiento pleno de los ciudadanos y, por supuesto también, de los poderes públicos al ordenamiento jurídico.
Conocemos ahora, fruto de las investigaciones que se están llevando a cabo por la justicia, una serie de hechos que hacen temblar cada día más los cimientos del Partido Popular. Y no me estoy refiriendo únicamente al Watergate madrileño (aunque sólo ésto ya daría para un libro) sino también al goteo de presuntas irregularidades que día a día publica la prensa. Respecto al primero, más que un libro sería un tebeo de Mortadelo y Filemón, con sus distintas redes de espionaje político. Esperemos que de esto se encargue la justicia porque nada se ha podido esclarecer con la comisión de investigación creada en la Asamblea Regional de Madrid, amordazada e incapacitada por la mayoría absoluta del Partido Popular.
Rita Barberá, eterna y cansina alcaldesa de Valen-cia, ha llegado a afirmarque “El Estado de derecho se está pudriendo en España” ¡Vaya por Dios! Ahora resulta que el malvado juez Baltasar Garzón actúa al dictado del Partido Socialista y está en clara connivencia con el ex ministro Bermejo cuando, en realidad, no hace más que cumplir con su trabajo y con la misión constitucional que le corresponde. Aplicando una simple regla de tres, cuando el Sr. Garzón abandonó el último gobierno socialista de Felipe González y regresó a la Audiencia Nacional iniciando la reapertura de procedimientos penales contra la entonces cúpula de Interior, el PP también debería haber advertido de la putrefacción del Estado de Derecho ¿Alguien les oyó decir algo cuando se encarceló a José Barrionuevo y a Rafael Vera? Antes alababan al juez Garzón, hoy lo odian. Antes las filtraciones en prensa eran “periodismo de investigación”, hoy, esos mismos hechos, constituyen una conspiración contra el Partido Popular. Como siempre, también lo vemos en Ontinyent, las cosas están bien hechas para el PP sólo cuando de ello sacan un beneficio político.
Pero, por suerte, la ley está por encima de todos, y en especial de los poderes públicos. Se equivoca el PP con su huída hacia delante. No se puede ir por la vida amedrentando a jueces y fiscales y poniendo en tela de juicio los pilares del Estado de Derecho de nuestra democracia. La querella presentada contra Baltasar Garzón, el juez Campeador, y el intento de atajar sus problemas internos y sus pecados del pasado lanzándose a la caza de Mariano Fernández Bermejo, no les eximirá de sus posibles responsabilidades, sean políticas o de mayor alcance. El ya ex ministro de Justicia ha asumido sus errores presentando su dimisión por practicar la actividad cinegética cuando carecía de la oportuna licencia. Esa es la diferencia entre unos y otros. ¿Conocerá Fabra, Esperanza Aguirre, Camps o Trillo el significado de la palabra dimisión? Que alguien les traiga un diccionario.
Durante demasiado tiempo, los ciudadanos de 
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